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Una silenciosa división entre lo rural y lo urbano se ha ido profundizando rápidamente en las últimas décadas en nuestro país. La recuperación del mundo rural como un espacio de vida plena y digna ha sido postergada por demasiado tiempo. Desde los tiempos de la Reforma Agraria que no ha existido en Chile un proyecto que saque al campo de su deterioro y condición de “patio trasero” del país al servicio de la agroindustria exportadora; producción de energía y recepción de desechos de la ciudad, papel al que lamentablemente ha sido relegado.
Las zonas no urbanas ofrecen la posibilidad de enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo: quienes las habitan pueden cuidar de la biodiversidad de los territorios, enfrentar con conocimiento y experiencia proyectos extractivos que podrían dañar aún más los ecosistemas, y dedicarse seriamente a desarrollar proyectos de soberanía alimentaria.
Pero todo esto es posible únicamente con un piso mínimo de seguridad económica. Sólo eso permitiría, por ejemplo, romper la dependencia del agronegocio o industrias tan dañinas como la salmonicultura en el sur de nuestro país, que se han instalado en poblaciones que tenían escaso acceso a dinero y las han capturado en formas de trabajo precarizadas y peligrosas. Una Renta Básica Universal podría ser un primer paso para robustecer la posición y posibilidades de las y los habitantes rurales de hacer realidad otros proyectos de vida.
Una forma práctica en la que la implementación de una Renta Básica Universal podría reconocer esta deuda histórica y proyecto de transformación urgente sería priorizando provincias o regiones con alta proporción de ruralidad. Esto permitiría evaluar tempranamente los efectos de esta política en revitalizar los circuitos económicos locales que en muchos casos están completamente deprimidos, así como fomentar un retorno al campo de personas que quizás cortaron su relación con sus territorios ancestrales por la necesidad de tener dinero en efectivo, pero que tienen aún las herramientas, las posibilidades y las ganas de hacer de la vida fuera de la ciudad algo significativo.
Sería una oportunidad para el florecimiento y recuperación de actividades como el eco y agroturismo a pequeña escala, el pastoreo no invasivo, o el cultivo de granos, frutas o verduras que se han perdido por no encajar con el modelo de agroexportación, pero que fortalecen y enriquecen nuestra herencia bioalimentaria. Podría también detener la urgencia de la desforestación por aumentar las zonas cultivables para commodities como las plantaciones forestales en el sur del país. Podría, en suma, romper con círculos viciosos que han minado el fundamento social-ecológico de gran parte del territorio chileno por la urgencia de contar con ingresos (muchas veces muy bajos) en el día a día.
Tener un campo resiliente es fundamental para un país que se está adentrando en el período de transformaciones ecológicas más importantes desde la emergencia de la especie humana moderna. Desafíos tan importantes como enfrentar la sequía y detener la desertificación pueden ser enfrentados de mejor manera si quienes habitan estos territorios en crisis tienen un ingreso garantizado.
En suma, salir de una perspectiva urbano-céntrica vuelve aún más evidentes los potenciales efectos positivos de tener una RBU en Chile, y más urgente su implementación.
Autores: Carlos Alvarado Mendoza y Jonathan Menkos Zeissig An english version of the article can be found here.
Recientemente, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) propuso para Centroamérica la puesta en marcha de una renta básica universal (RBU), buscando que los Estados del istmo cuenten con una garantía mínima de protección social, al tiempo en que se contribuye a contrarrestar el impacto de la pandemia del Covid-19. Una RBU, acompañada de otras inversiones púbicas, sociales y económicas, aceleraría el cumplimiento de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible y, al plantear un cambio estructural en el modelo de bienestar y crecimiento económico, podría ser la base para la discusión de nuevos pactos sociales, políticos, económicos y fiscales en Centroamérica.
Los gobiernos centroamericanos han implementado acciones con elfin de contener la propagación del virus y disminuir los impactos en la salud de las personas y en la actividad económica. No obstante, se han enfrentado a un escenario complejo, aunque en distintos grados en cada país, pues la pandemia ha exacerbado los problemas estructurales relacionados, principalmente, con la falta de equidad en el acceso y atención de los sistemas de salud pública, el débil sistema de asistencia y protección social y la baja capacidad para la generación de empleo formal y de transformación productiva, lo que tiene como consecuencia altos niveles de desigualdad y pobreza. En efecto, previo a la crisis, 45 de cada 100 centroamericanos (alrededor de 22.5 millones de personas) vivían en condiciones de pobreza; más aún, 82 de cada 100 centroamericanos pobres vivían en Guatemala, El Salvador y Honduras. De acuerdo con estimaciones del Instituto, la crisis actual podría provocar la pérdida de hasta 1.9 millones de empleos, e inducir un aumento significativo de la pobreza general y extrema.
Solamente en Guatemala, El Salvador y Honduras, la crisis actual podría sumar, al menos, a 4.9 millones de personas a la pobreza, de conformidad con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo cual erosionaría aún más el débil tejido social de estos países de la región (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020, “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales”, Informe Especial COVID-19 No. 3). Dentro de las principales medidas que han sido implementadas por la mayoría de gobiernos centroamericanos para limitar el impacto sobre la población, en términos de garantizarles ingresos, seguridad alimentaria y servicios básicos, particularmente para los grupos vulnerables, se encuentran: la entrega de alimentos; la creación de nuevas transferencias monetarias; la suspensión del pago de servicios básicos (particularmente de agua, energía y teléfono); y, el aumento en el monto de las transferencias monetarias previamente existentes.
Asimismo, se han puesto en marcha diferentes tipos de programas de protección para trabajadores del sector formal, entre los cuales se encuentra el teletrabajo, la ausencia laboral pagada, el seguro de desempleo, la reducción de la jornada laboral, entre otros. Adicionalmente, se han entregado apoyos directos adicionales a personas y familias, consistentes en facilidades de pago de créditos, apoyo a trabajadores del sector informal, entre otros. Si bien las medidas adoptadas por los gobiernos de la región son acotadas y de carácter temporal, las mismas señalan la urgente necesidad de implementar acciones permanentes, desde una perspectiva de largo plazo, que permitan garantizar la disminución gradual de la pobreza en los países de la región hasta alcanzar su eliminación y asegurar los derechos de las personas al fortalecer los Estados mediante la provisión universal de protección social que permita reconstruir el tejido social de esos países.
Frente a lo anterior, el Icefi ha urgido a los Estados centroamericanos ampliar y fortalecer sus sistemas de protección social de manera que se proteja a la población, priorizando a los grupos tradicionalmente excluidos y más vulnerables, se limiten los daños económicos y financieros derivados de la crisis y se acelere el proceso de recuperación económica. Para logra estos objetivos de manera rápida y efectiva, el Instituto propone la puesta en marcha de una renta básica universal (RBU) que elimine la pobreza extrema y disminuya significativamente la pobreza general. En su III Informe centroamericano de política fiscal ―cuyos primeros capítulos serán publicados en el mes de julio―, el Instituto ha calculado los costos y efectos de la aplicación de una renta básica universal.
Para la implementación de una RBU, el Icefi plantea asignar una suma monetaria a cada miembro de la sociedad, equivalente al monto asociado al umbral internacional de pobreza extrema (USD 1.90 diarios en paridad de poder de compra de 2011). De esa cuenta, se estaría abonando también a la consecución de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los objetivos 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, y 16. La aplicación de una RBU reviste una simplicidad operativa que abona a su ejecución rápida, evitando crear más burocracia, abrir caminos a la corrupción y mantener a los beneficiarios sumidos en la trampa de la pobreza. Al asignarse de forma incondicional, permitiría no sólo erradicar la pobreza extrema, disminuir la pobreza general, reducir la desigualdad en la distribución del ingreso, aumentar los niveles de actividad económica y crear las condiciones para nuevos empleos, sino también la medida debe provocar la modernización de la política fiscal y el reequilibrio necesario de las responsabilidades entre los ciudadanos, las empresas y los gobernantes.
De esa cuenta, al plantear un cambio estructural en el modelo de bienestar y crecimiento económico, la RBU podría ser la base para la discusión de nuevos pactos sociales, políticos, económicos y fiscales en Centroamérica. Las estimaciones iniciales realizadas por el Instituto sugieren que la inversión anual necesaria para la implementación de una RBU oscila entre el 1.2% y el 7.5% del PIB para los seis países de la región, siendo Honduras el país que exigiría una inversión mayor debido al tamaño de su PIB y al número de habitantes del país. Similarmente, Nicaragua requeriría de una inversión de, aproximadamente, un 5.8% del PIB; mientras que en Guatemala y en El Salvador, la inversión necesaria alcanzaría entre el 5.0% y el 5.3% del PIB, respectivamente. En contraste, los países que enfrentarían menor presión fiscal para la implementación de esta política son Costa Rica y Panamá, cuya inversión estaría en torno al 2.2% y al 1.2% del PIB, respectivamente.
Figura 1. Centroamérica: incremento necesario en el gasto público de la administración central para implementar una RBU a partir del umbral de pobreza internacional (2020-2030, cifras en porcentajes del PIB).
A criterio del Instituto, la implementación de una RBU podría realizarse de forma gradual, como se observa en la Figura 1 ―en un tiempo máximo de diez años y atendiendo a la población en los territorios con mayor pobreza y menor desarrollo―, congruente con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la necesaria reestructuración institucional, fiscal y económica que garantice la efectividad y sostenibilidad de esta política a lo largo del tiempo. Esta forma de lograr gradualmente la universalidad de la renta básica permitiría a los Estados avanzar integralmente en la universalización de otros bienes y servicios públicos relacionados con la educación, la salud, el agua y el saneamiento ambiental, la vivienda, entre otros.
Según estimaciones del Instituto, entre los mayores impactos de ejecutar esta agenda, además de la eliminación de la pobreza extrema, se encuentran la generación de 2.0 millones de empleos directos; el incremento promedio de 20% en el ritmo de la actividad económica, principalmente impulsado por producción doméstica; así como mejoras en los indicadores de bienestar social e igualdad. Para el cumplimiento general de la Agenda ODS2030 en la región centroamericana, el Instituto ha identificado diversas fuentes probables de financiamiento, entre las que se destaca el aumento de la recaudación tributaria como resultado de la reducción de los flujos ilícitos de capital, el contrabando, la evasión de impuestos y de privilegios fiscales; así como por el incremento de algunos impuestos que, adicionalmente, podrían mejorar la progresividad global del sistema tributario.
En algunos Estados, el endeudamiento también puede ser considerado como mecanismo de financiamiento. Adicionalmente, el Instituto reitera que, por el lado del gasto público, es posible generar espacios fiscales adicionales a través de dos vías: mediante eliminación de los rubros que no se encuentran orientados a metas de desarrollo, de manera que los recursos puedan ser reasignados hacia programas que tengan dicha orientación; así como mediante la mejora en la eficiencia de aquellos que pueden generar mejores resultados en términos económicos y sociales.
La implementación gradual de una renta básica universal, en conjunto con el avance de las inversiones públicas que garanticen el cumplimiento de las metas de desarrollo, y una reforma fiscal integral ―más ingresos, gasto público con base en resultados, mayor transparencia y lucha efectiva contra la corrupción―, son los elementos que permitirán a los centroamericanos enfrentar con éxito esta crisis sanitaria y económica ampliando derechos y reequilibrando responsabilidades sociales. Por ello, el Instituto exhorta a toda la sociedad ―movimientos campesinos y promotores de derechos humanos particulares, trabajadores, empresarios, academia, partidos políticos y gobiernos en funciones― a promover un diálogo nacional abierto y sensato, con visión de futuro, que tenga como objetivo conseguir transformar los Estados por medio de un pacto social, económico y fiscal que cambie las tendencias políticas y socioeconómicas actuales y encamine a Centroamérica por la senda del desarrollo sostenible, inclusivo y democrático al que aspiran las grandes mayorías.
En particular, los Estados de los países de la región deben avanzar en el fortalecimiento de sus programas de protección social, elemento central de política que permite reducir las desigualdades existentes, no sólo en términos de ingreso, sino hacia desde una perspectiva inclusiva en términos económicos y sociales que favorezca la cohesión social. Más aún, para el Icefi, reducir la agudización de las condiciones de pobreza en las que vive más de la mitad de los centroamericanos podrá ser posible al universalizar el acceso a programas de protección social pues el contexto actual solamente ha acentuado las limitaciones existentes en términos del modelo económico y social. Una mejor Centroamérica es posible en la medida en que se formule y se construya un modelo de desarrollo inclusivo en términos económicos, sociales y ambientales, de manera que una renta básica universal asegure una base mínima de protección que esté acompañada de políticas que permitan garantizar para todos una educación de calidad; acceder a servicios de salud oportunos, eficaces y eficientes; contar con servicios públicos de infraestructura económica y social que favorezcan la cohesión social; y que todas las políticas implementadas sean congruentes con una estrategia amigable con el medio ambiente.
Le 21 Avril 2020, le Président Ramaphosa a annoncé la création d’un fonds de soutien de 500 milliards de Rands en réponse à la pandémie de COVID-19. Le montant annoncé comprend des compléments de revenus pour les personnes qui bénéficient déjà d’allocations ainsi que la création d’une indemnité d’urgence spéciale coronavirus. Cette indemnité d’urgence est versée aux personnes sans emploi qui ne sont pas éligibles à l’indemnité chômage et aux travailleurs informels qui ne peuvent plus exercer d’activité pendant le confinement.
L’annonce du fonds de soutien a fait suite à l’envoi d’une lettre ouverte au Président Ramaphosa signée par un groupe de plus de 75 économistes et autres universitaires qui appellent à l’adoption d’un Revenu Universel de Base. L’Afrique du Sud a déjà un impressionnant système d’allocations, en place depuis bien avant la pandémie et dispose donc de l’infrastructure nécessaire pour effectuer les versements monétaires aux citoyens.
Un peu plus de 30 pour cent de la population et environ 44 pour cent des foyers perçoivent tous les mois une allocation versée et financée par le gouvernement. Malgré l’envergure impressionnante du programme d’allocations sud-africain, les adultes économiquement actifs en sont généralement exclus. Dans le cadre du fonds d’urgence, les adultes en âge de travailler vont percevoir une allocation de 350 rands par mois pendant 6 mois, à compter de May 2020. Le 13 juillet dernier, la Ministre du Développement Social, Lindiwe Zulu a annoncé que le gouvernement avait l’intention de mettre en œuvre un revenu minimum de base à partir d’octobre 2020, date à laquelle le versement spécial coronavirus prendra fin. Un document de travail du Congrès National Africain (ANC) précise que le gouvernement souhaite adopter une politique progressive vers la mise en œuvre du revenu universel proposé. Une des premières étapes consisterait à verser l’allocation aux personnes actives et aux chômeurs âgés de 19 à 59 ans, soit les mêmes personnes qui perçoivent actuellement l’allocation d’urgence spéciale coronavirus. Cela représente environ 13 millions de personnes.
L’étape ultime de cette mise en œuvre progressive serait le versement d’un revenu minimum de base à tous les résidents sud-africains de19 à 59 ans, soit environ 33 millions de personnes. Ce revenu ‘universel’ minimum s’ajouterait au système d’allocations existant au lieu de remplacer les revenus sociaux déjà en place (y compris la pension alimentaire pour les enfants de moins de 19 ans et la pension pour personnes âgées de plus de 59 ans). Cela donnerait effectivement naissance à un revenu universel pour les adultes en âge de travailler tout en maintenant une garantie de revenu minimum ciblée pour les personnes de 18 ans et moins et de 60 ans et plus. Le revenu minimum de base proposé ici ne répond donc pas aux exigences d’un revenu de base universel tel que défini par le BIEN. Néanmoins, il s’agit d’une étape notable vers l’amélioration de la sécurisation du revenu des adultes en âge de travailler en Afrique du Sud.
Cette annonce de revenu minimum de base intervient après plusieurs tentatives infructueuses dans les vingt dernières années d’étendre le système de revenus sociaux aux personnes en âge de travailler. Le premier de ces essais était une proposition de revenu minimum de base qui émanait d’une commission pour la protection sociale désignée par le gouvernement au début des années 2000. Le deuxième fut une proposition appuyée par l’ANC en 2012 qui aurait consisté en une allocation pour les demandeurs d’emploi destinée à toutes les personnes en âge de travailler et qui visait à les soutenir dans leur recherche de travail. Cette proposition n’a pas obtenu le succès attendu et a finalement été abandonnée.
Le document de travail élaboré par l’ANC à propos du revenu minimum de base souligne que ce revenu est une réponse aux retombées économiques causées par la pandémie de COVID-19. Pourtant, comme le rappelle Isobel Frye, de l’Institut d’Etude de la Pauvreté et des Inégalités, cette proposition de revenu minimum de base est en discussion depuis environ 10 mois, soit bien avant la survenue de la pandémie. A ce stade, il est encore difficile de savoir si le revenu minimum de base deviendra une composante permanente du système d’allocations sociales en Afrique du Sud ou bien si ce sera seulement un amortisseur temporaire pendant que le pays se remet des conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.
Le 30 Avril 2020, les six groupes politiques se sont réunis en vidéo conférence pour délibérer sur un rapport très attendu. Depuis 2017, un comité ad hoc a étudié les avantages potentiels d’un Revenu de Base en Corse. Ce rapport a été présenté par Jean-Guy Talamoni, président de l’Assemblée de Corse, qui s’est pleinement impliqué dans le travail de préparation.
Le mécanisme proposé par ce rapport est inspiré de la proposition de Tony Atkinson « Impôt forfaitaire et revenu de base » *. Depuis 2019 l’administration fiscale française est en mesure de connaître le revenu mensuel de pratiquement tous les individus. A partir de ces données, un impôt mensuel est calculé sur la base d’une formule personnalisée. Pour la majorité des 20 % des revenus les plus élevés, le calcul de l’impôt suit une règle stricte : 30% du revenu moins 498.52 euros par personne (par conséquent 498.52 pour une personne seule et 997.04 pour un couple).
En fait, le montant octroyé aux personnes les plus désavantagées par la société – le Revenu de Solidarité Active – est quasiment équivalent : 497.01 pour une personne seule, souvent complété par l’allocation logement et l’allocation familiale. La proposition portée par l’assemblée de Corse consiste en un impôt négatif mensuel sur le revenu qui vise à rapprocher le calcul de l’impôt sur le revenu avec les allocations versées aux pauvres.
Chaque mois, l’administration fiscale calculerait la différence entre un revenu de base théorique de 500 euros pour chaque adulte et 30% du revenu perçu lors du mois précédent. Ainsi toutes les personnes dont le salaire est inférieur à 1 667 euros recevraient 500 euros, moins le montant de l’impôt, via un virement sur leur compte bancaire. Ceux percevant des revenus supérieurs verseraient leur impôt défalqué du montant de 500 euros.
L’étape suivante consiste à obtenir le soutien du Ministère des Finances français pour déployer l’expérimentation du calcul mensuel des impôts en Corse.
Depuis de nombreuses années, des millions de touristes se rendent en Corse pour ses paysages singuliers, ses plages et ses montagnes, sa culture et son histoire. L’île de Napoléon Bonaparte continuera c’est certain d’accueillir des visiteurs et pourra peut-être aussi s’enorgueillir prochainement d’être une pionnière en Europe pour l’expérimentation du premier authentique impôt négatif entièrement financé associé à un revenu de base théorique.
On peut lire l’article par Widerquist et Arndt ici
Widerquist et Arndt s’appuient sur un exercice de microsimulation pour estimer le coût net d’un Revenu de Base de sécurité minimum pour le Royaume-Uni (7 706 £ par an pour les adultes et 3 853 £ pour les enfants) qui s’élèverait environ 67 milliards de £ par an, soit 3,4% du PIB. Le document apporte une contribution utile au débat actuel sur la faisabilité financière de la mise en oeuvre d’un Revenu de Base au Royaume-Uni.
Les auteurs reconnaissent à juste titre que leur proposition n’est pas parfaitement articulée pour être politiquement acceptable et réalisable. Cela est vrai. La politique britannique des avantages sociaux est très dépendante des trajectoires précédemment engagées et elle se maintient dans la direction actuelle en raison de l’extrême complexité des systèmes d’impôts et d’avantages sociaux. Tout changement est généralement acceptable quand il est progressif, ce qui devrait être particulièrement crucial au cours des prochaines décennies. Les difficultés que le gouvernement a rencontrées pour tenter de fusionner une poignée de prestations sous conditions de ressources dans le nouveau « Crédit Universel » lui-même sous conditions de ressources, illustrent bien cette nécessité. Seul un Revenu de Base entraînant peu de modifications des mécanismes existants serait susceptible d’être mis en œuvre au cours des prochaines décennies, quelle que soit l’idéologie politique du gouvernement. Le schéma de Widerquist et Arndt exigerait de nombreux changements majeurs dans tous les systèmes, ce qui le rend peu susceptible d’être accepté en l’état.
Certains aspects particuliers de la proposition la rendraient encore moins réalisable politiquement. Les auteurs sont d’une honnêteté louable quant à l’impossibilité politique de proposer un taux de base de 50 pour cent pour l’impôt sur le revenu. Il serait également impossible de supprimer les cotisations et les Prestations Sociales Nationales telles que la pension de retraite, même si celle-ci serait remplacée par un nouveau Revenu de Base pour les personnes âgées. L’Assurance Nationale est un concept profondément ancré dans la psyché britannique, et tout gouvernement qui la dénaturerait en subirait les conséquences. Il n’est pas anodin de constater que lorsque la nouvelle Pension d’État à niveau unique, qui est très proche d’une Pension Citoyenne, a été mise en œuvre, le principe de conditionnalité de cotisation aux prestations d’Assurance Nationale a été conservé.
Dans ces circonstances, la seule option est de conserver le système d’Assurance Nationale : il serait toutefois politiquement envisageable de rendre ce système plus équitable, par exemple en lissant le taux des cotisations quelle que soit la fourchette des revenus, plutôt qu’en appliquant un taux réduit pour les hauts revenus.
Les auteurs proposent un mécanisme de « sécurisation» pour garantir que les ménages à faible revenu qui auraient pu être lésés par les nouvelles modalités proposées ne le soient pas. Les auteurs proposent en effet la suppression de toutes les prestations sociales soumises à conditions de ressources existantes à l’exception de l’allocation logement et autres pensions d’invalidité ce qui engendrerait une perte pour les ménages. Le problème est qu’ils ne précisent comment ce mécanisme de « sécurisation » serait mis en œuvre. Le seul moyen réalisable de parvenir à un tel procédé serait de réintroduire une prestation sous conditions de ressources qui refléterait les avantages ayant été supprimés. On pourrait objecter que le simple fait d’enregistrer le revenu disponible de chaque ménage au moment où le programme est mis en œuvre serait suffisant, mais cela n’indiquerait aux administrateurs que le montant à payer au démarrage. Cela ne prendrait pas en compte les impacts du passage de l’ancien au nouveau système une fois que la situation des ménages aurait commencé à changer. Seule l’attribution d’une prestation sous conditions de ressources pourrait le permettre. Le gouvernement britannique a déjà trouvé assez difficile de combiner quelques prestations existantes soumises à conditions de ressources en une forme unique nouvelle. Supprimer la plupart des prestations existantes, puis en créer une entièrement nouvelle en créant simultanément des Revenus de Base tout en modifiant le système fiscal, serait administrativement et donc politiquement impossible.
L’article présente une discussion utile sur la différence entre le coût brut et le coût net de la mise en place du Revenu de Base. Il souligne à juste titre qu’un trop grand nombre de commentateurs ne comprennent pas l’importance de la différence. Les auteurs calculent que le coût net de leur programme serait de 67 milliards de livres sterling par an. Cela pourrait ne représenter que 3,4% du PIB, mais il faudrait tout de même les trouver quelque part. Des suggestions sont faites à la fin du document : l’une d’elles est que les 67 milliards de livres sterling soient financées par les 30 pour cent des contribuables les plus riches. Aucun gouvernement ne prendrait le risque de s’aliéner un tel groupe d’électeurs juste pour rendre la proposition faisable. Il faudrait plutôt envisager de partager la charge sur l’ensemble de la fourchette des revenus, mais pas nécessairement via un impôt supplémentaire sur le revenu. Ce que les auteurs ne semblent pas réaliser, c’est que, quelle que soit la provenance de l’argent, cela aurait un impact sur le niveau de vie des ménages. Par exemple, supposons que des taxes à la consommation supplémentaires ou une nouvelle taxe carbone soient créées pour combler l’écart. Dans les deux cas, les prix augmenteraient, les revenus disponibles des ménages seraient affectés et cela fausserait les statistiques mentionnées dans le document de référence qui évalue les niveaux de pauvreté ainsi que le calcul de variation du revenu des ménages. Seul serait entendable un mécanisme de Revenu de Base qui spécifierait pleinement la méthode de son financement et qui calculerait les réductions de l’Allocation Personnelle, les augmentations des taux de l’impôt sur le revenu et autres impacts, pour aboutir à un coût net nul. Cela assurerait que les statistiques sur les niveaux de pauvreté, les gains et les pertes des ménages, etc., générés par la microsimulation seraient celles qui seraient réellement visibles lors de la mise en œuvre du programme. Un régime dont le coût net est supérieur à zéro nous fait totalement douter des effets du mécanisme. Cela signifie qu’aucune des statistiques résultantes du mécanisme étudié dans cet article, ne nous semble fiable.
Il existe deux manières d’aborder la question de la faisabilité financière des mécanismes de Revenu de Base:
1. rechercher les effets d’un mécanisme particulier et ensuite décider s’il serait faisable
2. définir des critères de faisabilité et ensuite rechercher un mécanisme qui correspondrait à ces critères.
La deuxième de ces approches est celle qui respecte la méthode scientifique et c’est donc celle qui devrait être recommandée aux chercheurs en sciences sociales. Le document à l’étude utilise la première des deux méthodes. Pour autant que l’auteur de la présente analyse le sache, seule sa propre recherche suit la deuxième méthode – un fait qui ne le surprend pas car la deuxième méthode peut nécessiter des jours de test de schémas alternatifs avant qu’un schéma qui corresponde aux critères puisse être trouvé. Il est par ailleurs toujours probable qu’aucun schéma ne soit trouvé dont la faisabilité soit avérée. Widerquist et Arndt font référence à un article de 2019 qui utilise la deuxième des deux méthodes. La recherche la plus récente de ce type peut être trouvée ici.
Widerquist et Arndt doivent être félicités pour leur contribution à la robuste tradition de recherche sur la faisabilité financière du Revenu de Base au Royaume-Uni. Si des recherches plus poussées devaient avoir lieu, en tenant compte des réticences évoquées dans la présente analyse et en utilisant la deuxième des deux méthodes décrites dans le paragraphe précédent, alors ces recherches pourraient apporter une contribution encore plus significative.
On peut lire l’article par Widerquist et Arndt ici
Traduction par Christine Cayré
Résumé
Cet article utilise une analyse de microsimulation pour estimer le coût net d’un Revenu Universel de Base à peu près au niveau du seuil de pauvreté au Royaume-Uni. Ce coût serait environ de 67 milliards de livres sterling par an, soit 3,4% du PIB. Le régime examiné comprend un Revenu Universel de Base de 7 706 £ pour les adultes et de 3 853 £ pour les enfants avec un taux d’imposition marginal de 50% sur les bénéficiaires nets. Le coût de ce Régime Universel de Base ajouterait uniquement 39% au coût du système de transfert existant au Royaume-Uni et seulement 8,7% aux dépenses publiques totales du Royaume-Uni. Environ 70% des familles britanniques bénéficieraient de la transition vers ce régime de Revenu Universel de Base, le gain moyen pour chaque famille bénéficiaire nette étant estimé à 4 056 £.
Le montant de 67 milliards de livres sterling est un « coût net» dans deux sens. Premièrement, il soustrait le montant du Revenu Universel de Base que les individus paient lorsqu’ils reçoivent ce revenu et paient simultanément des impôts plus élevés pour le financer. Ce calcul montre à lui seul que le coût du Revenu Universel de Base ne représente qu’environ un tiers du concept-souvent-cité-mais-très-peu-pertinent de « coût brut », qui ignore le fait qu’il ne coûte rien à une personne de se reverser une livre. Deuxièmement, les auteurs additionnent et soustraient les coûts et les économies liés à l’intégration du Revenu Universel de Base dans le système d’imposition et de prestations existant au Royaume-Uni. Ce mode de calcul réduit encore le coût du régime proposé à 13% du coût brut. Dans le cadre de ce programme, le pourcentage de familles britanniques dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté officiel actuel passerait de 16% à 4% et la pauvreté parmi les enfants et les personnes âgées disparaîtrait quasiment. La plus forte augmentation de revenus serait perçue par les personnes les plus pauvres, de sorte que la pauvreté absolue serait quasiment éradiquée.
