El 1 de diciembre, la Comisión de Derechos Fundamentales recibió a la presidenta y secretario de la Red Chilena de Ingreso Básico, Gabriela Cabaña y Cristóbal Ramos. La intervención incluyó las justificaciones de la renta básica como un derecho que debe garantizarse en el nuevo orden constitucional, como parte de una rearticulación más amplia del estado. También incluyó consideraciones legales y las diferentes formas en que el ordenamiento jurídico actual de Chile apoya la consagración constitucional de una renta básica. Los presentadores también respondieron preguntas de miembros de la Convención.
La convención constitucional presentará una nueva constitución para su aprobación nacional mediante un referéndum el próximo año. Puedes ver la intervención completa (en español) aquí .
La versión en ingles de este articulo puede ser encontrada aquí.
Una silenciosa división entre lo rural y lo urbano se ha ido profundizando rápidamente en las últimas décadas en nuestro país. La recuperación del mundo rural como un espacio de vida plena y digna ha sido postergada por demasiado tiempo. Desde los tiempos de la Reforma Agraria que no ha existido en Chile un proyecto que saque al campo de su deterioro y condición de “patio trasero” del país al servicio de la agroindustria exportadora; producción de energía y recepción de desechos de la ciudad, papel al que lamentablemente ha sido relegado.
Las zonas no urbanas ofrecen la posibilidad de enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo: quienes las habitan pueden cuidar de la biodiversidad de los territorios, enfrentar con conocimiento y experiencia proyectos extractivos que podrían dañar aún más los ecosistemas, y dedicarse seriamente a desarrollar proyectos de soberanía alimentaria.
Pero todo esto es posible únicamente con un piso mínimo de seguridad económica. Sólo eso permitiría, por ejemplo, romper la dependencia del agronegocio o industrias tan dañinas como la salmonicultura en el sur de nuestro país, que se han instalado en poblaciones que tenían escaso acceso a dinero y las han capturado en formas de trabajo precarizadas y peligrosas. Una Renta Básica Universal podría ser un primer paso para robustecer la posición y posibilidades de las y los habitantes rurales de hacer realidad otros proyectos de vida.
Una forma práctica en la que la implementación de una Renta Básica Universal podría reconocer esta deuda histórica y proyecto de transformación urgente sería priorizando provincias o regiones con alta proporción de ruralidad. Esto permitiría evaluar tempranamente los efectos de esta política en revitalizar los circuitos económicos locales que en muchos casos están completamente deprimidos, así como fomentar un retorno al campo de personas que quizás cortaron su relación con sus territorios ancestrales por la necesidad de tener dinero en efectivo, pero que tienen aún las herramientas, las posibilidades y las ganas de hacer de la vida fuera de la ciudad algo significativo.
Sería una oportunidad para el florecimiento y recuperación de actividades como el eco y agroturismo a pequeña escala, el pastoreo no invasivo, o el cultivo de granos, frutas o verduras que se han perdido por no encajar con el modelo de agroexportación, pero que fortalecen y enriquecen nuestra herencia bioalimentaria. Podría también detener la urgencia de la desforestación por aumentar las zonas cultivables para commodities como las plantaciones forestales en el sur del país. Podría, en suma, romper con círculos viciosos que han minado el fundamento social-ecológico de gran parte del territorio chileno por la urgencia de contar con ingresos (muchas veces muy bajos) en el día a día.
Tener un campo resiliente es fundamental para un país que se está adentrando en el período de transformaciones ecológicas más importantes desde la emergencia de la especie humana moderna. Desafíos tan importantes como enfrentar la sequía y detener la desertificación pueden ser enfrentados de mejor manera si quienes habitan estos territorios en crisis tienen un ingreso garantizado.
En suma, salir de una perspectiva urbano-céntrica vuelve aún más evidentes los potenciales efectos positivos de tener una RBU en Chile, y más urgente su implementación.
Autores: Carlos Alvarado Mendoza y Jonathan Menkos Zeissig An english version of the article can be found here.
Recientemente, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) propuso para Centroamérica la puesta en marcha de una renta básica universal (RBU), buscando que los Estados del istmo cuenten con una garantía mínima de protección social, al tiempo en que se contribuye a contrarrestar el impacto de la pandemia del Covid-19. Una RBU, acompañada de otras inversiones púbicas, sociales y económicas, aceleraría el cumplimiento de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible y, al plantear un cambio estructural en el modelo de bienestar y crecimiento económico, podría ser la base para la discusión de nuevos pactos sociales, políticos, económicos y fiscales en Centroamérica.
Los gobiernos centroamericanos han implementado acciones con elfin de contener la propagación del virus y disminuir los impactos en la salud de las personas y en la actividad económica. No obstante, se han enfrentado a un escenario complejo, aunque en distintos grados en cada país, pues la pandemia ha exacerbado los problemas estructurales relacionados, principalmente, con la falta de equidad en el acceso y atención de los sistemas de salud pública, el débil sistema de asistencia y protección social y la baja capacidad para la generación de empleo formal y de transformación productiva, lo que tiene como consecuencia altos niveles de desigualdad y pobreza. En efecto, previo a la crisis, 45 de cada 100 centroamericanos (alrededor de 22.5 millones de personas) vivían en condiciones de pobreza; más aún, 82 de cada 100 centroamericanos pobres vivían en Guatemala, El Salvador y Honduras. De acuerdo con estimaciones del Instituto, la crisis actual podría provocar la pérdida de hasta 1.9 millones de empleos, e inducir un aumento significativo de la pobreza general y extrema.
Solamente en Guatemala, El Salvador y Honduras, la crisis actual podría sumar, al menos, a 4.9 millones de personas a la pobreza, de conformidad con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo cual erosionaría aún más el débil tejido social de estos países de la región (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020, “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales”, Informe Especial COVID-19 No. 3). Dentro de las principales medidas que han sido implementadas por la mayoría de gobiernos centroamericanos para limitar el impacto sobre la población, en términos de garantizarles ingresos, seguridad alimentaria y servicios básicos, particularmente para los grupos vulnerables, se encuentran: la entrega de alimentos; la creación de nuevas transferencias monetarias; la suspensión del pago de servicios básicos (particularmente de agua, energía y teléfono); y, el aumento en el monto de las transferencias monetarias previamente existentes.
Asimismo, se han puesto en marcha diferentes tipos de programas de protección para trabajadores del sector formal, entre los cuales se encuentra el teletrabajo, la ausencia laboral pagada, el seguro de desempleo, la reducción de la jornada laboral, entre otros. Adicionalmente, se han entregado apoyos directos adicionales a personas y familias, consistentes en facilidades de pago de créditos, apoyo a trabajadores del sector informal, entre otros. Si bien las medidas adoptadas por los gobiernos de la región son acotadas y de carácter temporal, las mismas señalan la urgente necesidad de implementar acciones permanentes, desde una perspectiva de largo plazo, que permitan garantizar la disminución gradual de la pobreza en los países de la región hasta alcanzar su eliminación y asegurar los derechos de las personas al fortalecer los Estados mediante la provisión universal de protección social que permita reconstruir el tejido social de esos países.
Frente a lo anterior, el Icefi ha urgido a los Estados centroamericanos ampliar y fortalecer sus sistemas de protección social de manera que se proteja a la población, priorizando a los grupos tradicionalmente excluidos y más vulnerables, se limiten los daños económicos y financieros derivados de la crisis y se acelere el proceso de recuperación económica. Para logra estos objetivos de manera rápida y efectiva, el Instituto propone la puesta en marcha de una renta básica universal (RBU) que elimine la pobreza extrema y disminuya significativamente la pobreza general. En su III Informe centroamericano de política fiscal ―cuyos primeros capítulos serán publicados en el mes de julio―, el Instituto ha calculado los costos y efectos de la aplicación de una renta básica universal.
Para la implementación de una RBU, el Icefi plantea asignar una suma monetaria a cada miembro de la sociedad, equivalente al monto asociado al umbral internacional de pobreza extrema (USD 1.90 diarios en paridad de poder de compra de 2011). De esa cuenta, se estaría abonando también a la consecución de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los objetivos 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, y 16. La aplicación de una RBU reviste una simplicidad operativa que abona a su ejecución rápida, evitando crear más burocracia, abrir caminos a la corrupción y mantener a los beneficiarios sumidos en la trampa de la pobreza. Al asignarse de forma incondicional, permitiría no sólo erradicar la pobreza extrema, disminuir la pobreza general, reducir la desigualdad en la distribución del ingreso, aumentar los niveles de actividad económica y crear las condiciones para nuevos empleos, sino también la medida debe provocar la modernización de la política fiscal y el reequilibrio necesario de las responsabilidades entre los ciudadanos, las empresas y los gobernantes.
De esa cuenta, al plantear un cambio estructural en el modelo de bienestar y crecimiento económico, la RBU podría ser la base para la discusión de nuevos pactos sociales, políticos, económicos y fiscales en Centroamérica. Las estimaciones iniciales realizadas por el Instituto sugieren que la inversión anual necesaria para la implementación de una RBU oscila entre el 1.2% y el 7.5% del PIB para los seis países de la región, siendo Honduras el país que exigiría una inversión mayor debido al tamaño de su PIB y al número de habitantes del país. Similarmente, Nicaragua requeriría de una inversión de, aproximadamente, un 5.8% del PIB; mientras que en Guatemala y en El Salvador, la inversión necesaria alcanzaría entre el 5.0% y el 5.3% del PIB, respectivamente. En contraste, los países que enfrentarían menor presión fiscal para la implementación de esta política son Costa Rica y Panamá, cuya inversión estaría en torno al 2.2% y al 1.2% del PIB, respectivamente.
Figura 1. Centroamérica: incremento necesario en el gasto público de la administración central para implementar una RBU a partir del umbral de pobreza internacional (2020-2030, cifras en porcentajes del PIB).
A criterio del Instituto, la implementación de una RBU podría realizarse de forma gradual, como se observa en la Figura 1 ―en un tiempo máximo de diez años y atendiendo a la población en los territorios con mayor pobreza y menor desarrollo―, congruente con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la necesaria reestructuración institucional, fiscal y económica que garantice la efectividad y sostenibilidad de esta política a lo largo del tiempo. Esta forma de lograr gradualmente la universalidad de la renta básica permitiría a los Estados avanzar integralmente en la universalización de otros bienes y servicios públicos relacionados con la educación, la salud, el agua y el saneamiento ambiental, la vivienda, entre otros.
Según estimaciones del Instituto, entre los mayores impactos de ejecutar esta agenda, además de la eliminación de la pobreza extrema, se encuentran la generación de 2.0 millones de empleos directos; el incremento promedio de 20% en el ritmo de la actividad económica, principalmente impulsado por producción doméstica; así como mejoras en los indicadores de bienestar social e igualdad. Para el cumplimiento general de la Agenda ODS2030 en la región centroamericana, el Instituto ha identificado diversas fuentes probables de financiamiento, entre las que se destaca el aumento de la recaudación tributaria como resultado de la reducción de los flujos ilícitos de capital, el contrabando, la evasión de impuestos y de privilegios fiscales; así como por el incremento de algunos impuestos que, adicionalmente, podrían mejorar la progresividad global del sistema tributario.
En algunos Estados, el endeudamiento también puede ser considerado como mecanismo de financiamiento. Adicionalmente, el Instituto reitera que, por el lado del gasto público, es posible generar espacios fiscales adicionales a través de dos vías: mediante eliminación de los rubros que no se encuentran orientados a metas de desarrollo, de manera que los recursos puedan ser reasignados hacia programas que tengan dicha orientación; así como mediante la mejora en la eficiencia de aquellos que pueden generar mejores resultados en términos económicos y sociales.
La implementación gradual de una renta básica universal, en conjunto con el avance de las inversiones públicas que garanticen el cumplimiento de las metas de desarrollo, y una reforma fiscal integral ―más ingresos, gasto público con base en resultados, mayor transparencia y lucha efectiva contra la corrupción―, son los elementos que permitirán a los centroamericanos enfrentar con éxito esta crisis sanitaria y económica ampliando derechos y reequilibrando responsabilidades sociales. Por ello, el Instituto exhorta a toda la sociedad ―movimientos campesinos y promotores de derechos humanos particulares, trabajadores, empresarios, academia, partidos políticos y gobiernos en funciones― a promover un diálogo nacional abierto y sensato, con visión de futuro, que tenga como objetivo conseguir transformar los Estados por medio de un pacto social, económico y fiscal que cambie las tendencias políticas y socioeconómicas actuales y encamine a Centroamérica por la senda del desarrollo sostenible, inclusivo y democrático al que aspiran las grandes mayorías.
En particular, los Estados de los países de la región deben avanzar en el fortalecimiento de sus programas de protección social, elemento central de política que permite reducir las desigualdades existentes, no sólo en términos de ingreso, sino hacia desde una perspectiva inclusiva en términos económicos y sociales que favorezca la cohesión social. Más aún, para el Icefi, reducir la agudización de las condiciones de pobreza en las que vive más de la mitad de los centroamericanos podrá ser posible al universalizar el acceso a programas de protección social pues el contexto actual solamente ha acentuado las limitaciones existentes en términos del modelo económico y social. Una mejor Centroamérica es posible en la medida en que se formule y se construya un modelo de desarrollo inclusivo en términos económicos, sociales y ambientales, de manera que una renta básica universal asegure una base mínima de protección que esté acompañada de políticas que permitan garantizar para todos una educación de calidad; acceder a servicios de salud oportunos, eficaces y eficientes; contar con servicios públicos de infraestructura económica y social que favorezcan la cohesión social; y que todas las políticas implementadas sean congruentes con una estrategia amigable con el medio ambiente.
