「解放我們的想像力」:台灣舉行首次基本收入遊行

「解放我們的想像力」:台灣舉行首次基本收入遊行

台灣在12月13日進行了有史以來第一次的基本收入大遊行,吸引了超越 100 名參與者在台灣立法院前集會。現任和前任立法委員參加了這場由 UBI Taiwan 舉辦的首場遊行,呼籲對青年紅利進行更多討論,並保障所有台灣人享有基本生計的權利。

台灣民眾黨著名的立法委員蔡壁如在立法院前的遊行開幕式上致辭。她說,參加集會是因為她想表達對「勇敢」說話的台灣年輕人的支持。蔡討論了使用碳稅和紅利來邁向基本收入的可能性。

「今天參加基本收入遊行時,我看到年輕的朋友站起來。他們勇於支持一個容易被誤解的新想法」她說。

按照基本收入全球網(BIEN)對基本收入的定義是:定期現金付款,無條件地交付給所有人,無需經濟審查或工作要求。

UBI Taiwan 於 2016 年非正式開始,於 2018 年正式成立。到目前為止,該組織舉辦了三屆國際研討會,並編寫了多份白皮書,分析了實現基本收入的方法。最近,UBI Taiwan 發布了一份白皮書,主張緊急基本收入,並於 2020 年初與立法委員開會,討論將現金移轉納入台灣紓困振興方案的可能性。

組織者說,遊行的三個主要訴求是:保障基本生活權,保護經濟安全感,防止在職家庭陷入低薪工作。 

隨著全球大流行病的持續蔓延,台灣在 200 天內未經歷本土傳播,因此集會得以不受限制地進行。儘管如此,遊行組織者表示,由大流行引起的經濟不確定性為台灣的基本收入討論創造了新的急迫性。儘管預計今年總體增長溫和,但台灣受到全球經濟衰退的不均衡影響,對低收入家庭的傷害尤其嚴重。 

前立法委員以及前台南縣縣長蘇煥智在遊行中說,促進基本收入制度將幫助年輕人增加選擇工作的靈活性和機會,還將幫助失業者保持尊嚴。

台灣綠黨秘書長張竹芩說:基本收入「為每個人提供了普遍保護,減輕了剝削和勞累的困境。」張說,台灣目前具有嚴格條件和資格的社會福利制度並不適合迅速變化的現代時代。

張說:「當人們不再需要擔心自己的基本必需品時,他們可以為自己的生活制定長遠的計畫,並且可以從事更具創造性的公共福利工作。」

蔡認為,許多對基本收入的批評是三十年前台灣開始實行早期的社會福利制度時提出的。當時,許多人擔心社會福利將使政府破產。不過,她說社會福利並不是台灣政府浪費金錢的地方。

「最大的問題是,政府浪費金錢來建造許多大型和不合適的建築項目和未使用的政府建築物。這些浪費的項目增加了債務並損害了自然環境,」蔡說。

為了幫助公眾了解台灣面臨的問題,集會包括對公眾進行基本收入教育的攤位,分享與基本收入和全球基本收入運動有關的真實故事,以及供公眾討論有關以上內容的開放空間和基本收入與未來的技術驅動型經濟。

在遊行之前,來自世界各地的著名基本收入學者向台灣發送了他們的建議和良好祝愿,這其中包括基本收入全球網主席 Sarath Davala。他說,他希望台灣的基本收入遊行成為該地區其他國家的「榜樣」。

Davala 說:「在台灣舉行的遊行表明,UBI Taiwan運動已走到了多麼強大,它有能力提供和影響政府採用這種創新體系。」

倫敦大學教授 Guy Standing 說,疫情帶來的後果表明:「社會的復原力以及我們個人的復原力將取決於社會中最弱小的群組的復原力。 」

Standing 說:「現在是基本收入運動和基本收入製度的時刻。勇敢的政客們必須抓住這個機會,迎來一個更美好的社會。

對於蔡壁如來說,台灣第一次的基本收入遊行,正展開更多關於如何重新構想台灣社會的未來。她討論了基本收入如何可以緩解台北市高房價的問題,並引起人工智能的位移,同時鼓勵更多的創業精神 。

就全球開始的巨大變化,蔡說:「世界總是在變化,我們的想像力需要解放。」

UBI Taiwan 理事長羅泰(Tyler Prochazka)上台討論了他為何在台灣推廣基本收入。 在美國的爾布萊特計畫之下,他在 2016 年開始在國立政治大學研究台灣實行基本收入的可行性。

「我真的相信台灣有機會實現基本收入,從而開拓台灣年輕人的未開發潛力。」羅說。

翻譯:賴君怡,UBI Taiwan

Renta Básica Universal, una oportunidad para la ruralidad en Chile

Renta Básica Universal, una oportunidad para la ruralidad en Chile

La versión en ingles de este articulo puede ser encontrada aquí.

Una silenciosa división entre lo rural y lo urbano se ha ido profundizando rápidamente en las últimas décadas en nuestro país. La recuperación del mundo rural como un espacio de vida plena y digna ha sido postergada por demasiado tiempo. Desde los tiempos de la Reforma Agraria que no ha existido en Chile un proyecto que saque al campo de su deterioro y condición de “patio trasero” del país al servicio de la agroindustria exportadora; producción de energía y recepción de desechos de la ciudad, papel al que lamentablemente ha sido relegado.

Las zonas no urbanas ofrecen la posibilidad de enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo: quienes las habitan pueden cuidar de la biodiversidad de los territorios, enfrentar con conocimiento y experiencia proyectos extractivos que podrían dañar aún más los ecosistemas, y dedicarse seriamente a desarrollar proyectos de soberanía alimentaria.

Pero todo esto es posible únicamente con un piso mínimo de seguridad económica. Sólo eso permitiría, por ejemplo, romper la dependencia del agronegocio o industrias tan dañinas como la salmonicultura en el sur de nuestro país, que se han instalado en poblaciones que tenían escaso acceso a dinero y las han capturado en formas de trabajo precarizadas y peligrosas. Una Renta Básica Universal podría ser un primer paso para robustecer la posición y posibilidades de las y los habitantes rurales de hacer realidad otros proyectos de vida.

Una forma práctica en la que la implementación de una Renta Básica Universal podría reconocer esta deuda histórica y proyecto de transformación urgente sería priorizando provincias o regiones con alta proporción de ruralidad. Esto permitiría evaluar tempranamente los efectos de esta política en revitalizar los circuitos económicos locales que en muchos casos están completamente deprimidos, así como fomentar un retorno al campo de personas que quizás cortaron su relación con sus territorios ancestrales por la necesidad de tener dinero en efectivo, pero que tienen aún las herramientas, las posibilidades y las ganas de hacer de la vida fuera de la ciudad algo significativo.

Sería una oportunidad para el florecimiento y recuperación de actividades como el eco y agroturismo a pequeña escala, el pastoreo no invasivo, o el cultivo de granos, frutas o verduras que se han perdido por no encajar con el modelo de agroexportación, pero que fortalecen y enriquecen nuestra herencia bioalimentaria. Podría también detener la urgencia de la desforestación por aumentar las zonas cultivables para commodities como las plantaciones forestales en el sur del país. Podría, en suma, romper con círculos viciosos que han minado el fundamento social-ecológico de gran parte del territorio chileno por la urgencia de contar con ingresos (muchas veces muy bajos) en el día a día.

Tener un campo resiliente es fundamental para un país que se está adentrando en el período de transformaciones ecológicas más importantes desde la emergencia de la especie humana moderna. Desafíos tan importantes como enfrentar la sequía y detener la desertificación pueden ser enfrentados de mejor manera si quienes habitan estos territorios en crisis tienen un ingreso garantizado.

En suma, salir de una perspectiva urbano-céntrica vuelve aún más evidentes los potenciales efectos positivos de tener una RBU en Chile, y más urgente su implementación.

Renta Básica Universal, una oportunidad para la ruralidad en Chile

Universal Basic Income, an opportunity for rural Chile

A spanish version can be found here.

A silent division between the rural and the urban has been rapidly deepening in recent decades in our country. The recovery of the rural world as a space for full and dignified life has been postponed for too long. Since the times of the Agrarian Reform, there has not been a project in Chile to take the countryside out of its deterioration as the country’s “backyard” at the service of the export-oriented agro-industry, energy production and reception of waste from the city, a role to which it has unfortunately been relegated.

Non-urban areas offer the possibility of facing the great challenges of our time: those who inhabit them can take care of the biodiversity of their territories, defend them from damaging extractive projects and dedicate themselves seriously to developing projects of food sovereignty.

But all this is possible only with a minimum level of economic security. This key element would allow, for example, to break the dependence on agribusiness or industries as harmful as salmon farming in the southern coasts of our country. This model has disrupted populations that had had little previous access to money, entramping them in precarious and dangerous forms of work. A Universal Basic Income could be a first step to strengthen the position and possibilities of rural inhabitants to make other life projects a reality.

A practical way in which the implementation of a Universal Basic Income could recognize this historical debt and urgent transformation project would be by prioritizing provinces or regions with a high proportion of rurality for its roll-out. This would allow an early evaluation of the effects of this policy in revitalizing local economic circuits that in many cases are completely depressed, as well as encouraging a return to the countryside of people who perhaps cut off their relationship with their ancestral territories due to the need to have cash. but they still have the tools, the possibilities and the desire to make life outside the city something meaningful.

It would be an opportunity for the flourishing and recovery of activities such as eco and small-scale agrotourism, non-invasive grazing, or the cultivation of grains, fruits or vegetables that have been lost because they do not fit with the agro-exporting model, but that strengthen and enrich our bio-food heritage. It could also stop the urgency of deforestation by increasing the arable areas for commodities such as forest plantations in the south of the country. It could, in short, break with vicious circles that have undermined the social-ecological foundation of much of the Chilean territory due to the urgency of having income (often very low) on a day-to-day basis.

Having a resilient countryside is essential for a society that is entering the period of most important ecological transformations since the emergence of the modern human species. Challenges as important as increasing drought and desertification can be better faced if those who inhabit these territories in crisis have a guaranteed income.

In sum, leaving an urban-centric perspective makes the potential positive effects of having a UBI in Chile even more evident, and its implementation more urgent.

Los Estados centroamericanos pueden y deben avanzar hacia la implementación de una renta básica universal

Los Estados centroamericanos pueden y deben avanzar hacia la implementación de una renta básica universal

Autores: Carlos Alvarado Mendoza y Jonathan Menkos Zeissig
An english version of the article can be found here.

Recientemente, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) propuso para Centroamérica la puesta en marcha de una renta básica universal (RBU), buscando que los Estados del istmo cuenten con una garantía mínima de protección social, al tiempo en que se contribuye a contrarrestar el impacto de la pandemia del Covid-19. Una RBU, acompañada de otras inversiones púbicas, sociales y económicas, aceleraría el cumplimiento de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible y, al plantear un cambio estructural en el modelo de bienestar y crecimiento económico, podría ser la base para la discusión de nuevos pactos sociales, políticos, económicos y fiscales en Centroamérica.

Los gobiernos centroamericanos han implementado acciones con elfin de contener la propagación del virus y disminuir los impactos en la salud de las personas y en la actividad económica. No obstante, se
han enfrentado a un escenario complejo, aunque en distintos grados en cada país, pues la pandemia ha exacerbado los problemas estructurales relacionados, principalmente, con la falta de equidad en el acceso y
atención de los sistemas de salud pública, el débil sistema de asistencia y protección social y la baja capacidad para la generación de empleo formal y de transformación productiva, lo que tiene como consecuencia altos niveles de desigualdad y pobreza. En efecto, previo a la crisis, 45 de cada 100 centroamericanos (alrededor de 22.5 millones de personas) vivían en condiciones de pobreza; más aún, 82 de cada 100 centroamericanos pobres vivían en Guatemala, El Salvador y Honduras. De
acuerdo con estimaciones del Instituto, la crisis actual podría provocar la pérdida de hasta 1.9 millones de empleos, e inducir un aumento significativo de la pobreza general y extrema.


Solamente en Guatemala, El Salvador y Honduras, la crisis actual podría sumar, al menos, a 4.9 millones de personas a la pobreza, de conformidad con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo cual erosionaría aún más el débil tejido social de estos países de la región (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020, “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales”, Informe Especial COVID-19 No. 3). Dentro de las principales medidas que han sido implementadas por la mayoría de gobiernos centroamericanos para limitar el impacto sobre la población, en términos de garantizarles ingresos, seguridad alimentaria y
servicios básicos, particularmente para los grupos vulnerables, se encuentran: la entrega de alimentos; la creación de nuevas transferencias monetarias; la suspensión del pago de servicios básicos (particularmente de agua, energía y teléfono); y, el aumento en el monto de las transferencias monetarias previamente existentes.


Asimismo, se han puesto en marcha diferentes tipos de programas de protección para trabajadores del sector formal, entre los cuales se encuentra el teletrabajo, la ausencia laboral pagada, el seguro de desempleo, la reducción de la jornada laboral, entre otros. Adicionalmente, se han entregado apoyos directos adicionales a personas y familias, consistentes en facilidades de pago de créditos, apoyo a trabajadores del sector informal, entre otros. Si bien las medidas adoptadas por los gobiernos de la región son acotadas y de carácter temporal, las mismas señalan la urgente necesidad de implementar acciones permanentes, desde una perspectiva de largo plazo, que permitan garantizar la disminución gradual de la pobreza en los países de la región hasta alcanzar su eliminación y asegurar los derechos de las
personas al fortalecer los Estados mediante la provisión universal de protección social que permita reconstruir el tejido social de esos países.


Frente a lo anterior, el Icefi ha urgido a los Estados centroamericanos ampliar y fortalecer sus sistemas de protección social de manera que se proteja a la población, priorizando a los grupos tradicionalmente excluidos y más vulnerables, se limiten los daños económicos y financieros derivados de la crisis y se acelere el proceso de recuperación económica. Para logra estos objetivos de manera rápida y efectiva, el Instituto propone la puesta en marcha de una renta básica universal (RBU) que elimine la pobreza extrema y disminuya significativamente la pobreza general. En su III Informe centroamericano de política fiscal ―cuyos primeros capítulos serán publicados en el mes de julio―, el Instituto ha calculado los costos y efectos de
la aplicación de una renta básica universal.


Para la implementación de una RBU, el Icefi plantea asignar una suma monetaria a cada miembro de la sociedad, equivalente al monto asociado al umbral internacional de pobreza extrema (USD 1.90 diarios en paridad de poder de compra de 2011). De esa cuenta, se estaría abonando también a la consecución de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los objetivos 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, y 16. La aplicación de una RBU reviste una simplicidad operativa que abona a su ejecución rápida, evitando crear más burocracia, abrir caminos a la corrupción y mantener a los beneficiarios sumidos en la trampa de la pobreza. Al asignarse de forma incondicional, permitiría no sólo erradicar la pobreza extrema, disminuir la pobreza general, reducir la desigualdad en la distribución del ingreso, aumentar los niveles de actividad económica y crear las condiciones para nuevos empleos, sino también la medida debe provocar la modernización de la política fiscal y el reequilibrio necesario de las responsabilidades entre los ciudadanos, las empresas y los gobernantes.


De esa cuenta, al plantear un cambio estructural en el modelo de bienestar y crecimiento económico, la RBU podría ser la base para la discusión de nuevos pactos sociales, políticos, económicos y fiscales en Centroamérica. Las estimaciones iniciales realizadas por el Instituto sugieren que la inversión anual necesaria para la implementación de una RBU oscila entre el 1.2% y el 7.5% del PIB para los seis países de la región, siendo Honduras el país que exigiría una inversión mayor debido al tamaño de su PIB y al
número de habitantes del país.
Similarmente, Nicaragua requeriría de una inversión de, aproximadamente, un 5.8% del PIB; mientras que en Guatemala y en El Salvador, la inversión necesaria alcanzaría entre el 5.0% y el 5.3% del PIB, respectivamente. En contraste, los países que enfrentarían menor presión fiscal para la implementación de esta política son Costa Rica y Panamá, cuya inversión estaría en torno al 2.2% y al 1.2% del PIB, respectivamente.

Figura 1. Centroamérica: incremento necesario en el gasto público de la
administración central para implementar una RBU a partir del umbral
de pobreza internacional (2020-2030, cifras en porcentajes del PIB).

A criterio del Instituto, la implementación de una RBU podría realizarse de forma gradual, como se observa en la Figura 1 ―en un tiempo máximo de diez años y atendiendo a la población en los territorios con mayor
pobreza y menor desarrollo―, congruente con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la necesaria reestructuración institucional, fiscal y económica que garantice la efectividad y sostenibilidad de esta política a lo largo del tiempo. Esta forma de lograr gradualmente la universalidad de la renta básica permitiría a los Estados avanzar integralmente en la universalización de otros bienes y servicios públicos relacionados con la educación, la salud, el agua y el saneamiento ambiental, la vivienda, entre otros.


Según estimaciones del Instituto, entre los mayores impactos de ejecutar esta agenda, además de la eliminación de la pobreza extrema, se encuentran la generación de 2.0 millones de empleos directos; el incremento promedio de 20% en el ritmo de la actividad económica, principalmente impulsado por producción doméstica; así como mejoras en los indicadores de bienestar social e igualdad.
Para el cumplimiento general de la Agenda ODS2030 en la región centroamericana, el Instituto ha identificado diversas fuentes probables de financiamiento, entre las que se destaca el aumento de la recaudación tributaria como resultado de la reducción de los flujos ilícitos de capital, el contrabando, la evasión de impuestos y de privilegios fiscales; así como por el incremento de algunos impuestos que, adicionalmente, podrían mejorar la progresividad global del sistema tributario.


En algunos Estados, el endeudamiento también puede ser considerado como mecanismo de financiamiento. Adicionalmente, el Instituto reitera que, por el lado del gasto público, es posible generar espacios
fiscales adicionales a través de dos vías: mediante eliminación de los rubros que no se encuentran orientados a metas de desarrollo, de manera que los recursos puedan ser reasignados hacia programas que
tengan dicha orientación; así como mediante la mejora en la eficiencia de aquellos que pueden generar mejores resultados en términos económicos y sociales.


La implementación gradual de una renta básica universal, en conjunto con el avance de las inversiones públicas que garanticen el cumplimiento de las metas de desarrollo, y una reforma fiscal integral ―más ingresos, gasto público con base en resultados, mayor transparencia y lucha efectiva contra la corrupción―, son los elementos que permitirán a los centroamericanos enfrentar con éxito esta crisis sanitaria y económica ampliando derechos y reequilibrando responsabilidades sociales. Por ello, el Instituto exhorta a toda la sociedad ―movimientos campesinos y promotores de derechos humanos particulares, trabajadores, empresarios, academia, partidos políticos y gobiernos en funciones― a promover un diálogo nacional abierto y sensato, con visión de futuro, que tenga como objetivo conseguir transformar los Estados por
medio de un pacto social, económico y fiscal que cambie las tendencias políticas y socioeconómicas actuales y encamine a Centroamérica por la senda del desarrollo sostenible, inclusivo y democrático al que aspiran las grandes mayorías.


En particular, los Estados de los países de la región deben avanzar en el fortalecimiento de sus programas de protección social, elemento central de política que permite reducir las desigualdades existentes, no sólo en términos de ingreso, sino hacia desde una perspectiva inclusiva en términos económicos y sociales que
favorezca la cohesión social. Más aún, para el Icefi, reducir la agudización de las condiciones de pobreza en las que vive más de la mitad de los centroamericanos podrá ser posible al universalizar el acceso a programas de protección social pues el contexto actual solamente ha acentuado las limitaciones existentes en términos del modelo económico y social. Una mejor Centroamérica es posible en la medida
en que se formule y se construya un modelo de desarrollo inclusivo en términos económicos, sociales y ambientales, de manera que una renta básica universal asegure una base mínima de protección que esté acompañada de políticas que permitan garantizar para todos una educación de calidad; acceder a servicios de salud oportunos, eficaces y eficientes; contar con servicios públicos de infraestructura
económica y social que favorezcan la cohesión social; y que todas las políticas implementadas sean congruentes con una estrategia amigable con el medio ambiente.

L’Afrique du Sud pourrait à terme remplacer le versement du montant d’urgence lié au coronavirus par un revenu minimum de base

L’Afrique du Sud pourrait à terme remplacer le versement du montant d’urgence lié au coronavirus par un revenu minimum de base

par Courtney Hallink, 28 Juillet 2020

Traduction par Christine Cayré.

On peut lire l’article par Courtney Hallink ici.

Le 21 Avril 2020, le Président Ramaphosa a annoncé la création d’un fonds de soutien de 500 milliards de Rands en réponse à la pandémie de COVID-19. Le montant annoncé comprend des compléments de revenus pour les personnes qui bénéficient déjà d’allocations ainsi que la création d’une indemnité d’urgence spéciale coronavirus. Cette indemnité d’urgence est versée aux personnes sans emploi qui ne sont pas éligibles à l’indemnité chômage et aux travailleurs informels qui ne peuvent plus exercer d’activité pendant le confinement.

L’annonce du fonds de soutien a fait suite à l’envoi d’une lettre ouverte au Président Ramaphosa signée par un groupe de plus de 75 économistes et autres universitaires qui appellent à l’adoption d’un Revenu Universel de Base. L’Afrique du Sud a déjà un impressionnant système d’allocations, en place depuis bien avant la pandémie et dispose donc de l’infrastructure nécessaire pour effectuer les versements monétaires aux citoyens.

Un peu plus de 30 pour cent de la population et environ 44 pour cent des foyers perçoivent tous les mois une allocation versée et financée par le gouvernement. Malgré l’envergure impressionnante du programme d’allocations sud-africain, les adultes économiquement actifs en sont généralement exclus. Dans le cadre du fonds d’urgence, les adultes en âge de travailler vont percevoir une allocation de 350 rands par mois pendant 6 mois, à compter de May 2020. Le 13 juillet dernier, la Ministre du Développement Social, Lindiwe Zulu a annoncé que le gouvernement avait l’intention de mettre en œuvre un revenu minimum de base à partir d’octobre 2020, date à laquelle le versement spécial coronavirus prendra fin. Un document de travail du Congrès National Africain (ANC) précise que le gouvernement souhaite adopter une politique progressive vers la mise en œuvre du revenu universel proposé. Une des premières étapes consisterait à verser l’allocation aux personnes actives et aux chômeurs âgés de 19 à 59 ans, soit les mêmes personnes qui perçoivent actuellement l’allocation d’urgence spéciale coronavirus. Cela représente environ 13 millions de personnes.

L’étape ultime de cette mise en œuvre progressive serait le versement d’un revenu minimum de base à tous les résidents sud-africains de19 à 59 ans, soit environ 33 millions de personnes. Ce revenu ‘universel’ minimum s’ajouterait au système d’allocations existant au lieu de remplacer les revenus sociaux déjà en place (y compris la pension alimentaire pour les enfants de moins de 19 ans et la pension pour personnes âgées de plus de 59 ans). Cela donnerait effectivement naissance à un revenu universel pour les adultes en âge de travailler tout en maintenant une garantie de revenu minimum ciblée pour les personnes de 18 ans et moins et de 60 ans et plus. Le revenu minimum de base proposé ici ne répond donc pas aux exigences d’un revenu de base universel tel que défini par le BIEN. Néanmoins, il s’agit d’une étape notable vers l’amélioration de la sécurisation du revenu des adultes en âge de travailler en Afrique du Sud.

Cette annonce de revenu minimum de base intervient après plusieurs tentatives infructueuses dans les vingt dernières années d’étendre le système de revenus sociaux aux personnes en âge de travailler. Le premier de ces essais était une proposition de revenu minimum de base qui émanait d’une commission pour la protection sociale désignée par le gouvernement au début des années 2000. Le deuxième fut une proposition appuyée par l’ANC en 2012 qui aurait consisté en une allocation pour les demandeurs d’emploi destinée à toutes les personnes en âge de travailler et qui visait à les soutenir dans leur recherche de travail. Cette proposition n’a pas obtenu le succès attendu et a finalement été abandonnée.

Le document de travail élaboré par l’ANC à propos du revenu minimum de base souligne que ce revenu est une réponse aux retombées économiques causées par la pandémie de COVID-19. Pourtant, comme le rappelle Isobel Frye, de l’Institut d’Etude de la Pauvreté et des Inégalités, cette proposition de revenu minimum de base est en discussion depuis environ 10 mois, soit bien avant la survenue de la pandémie. A ce stade, il est encore difficile de savoir si le revenu minimum de base deviendra une composante permanente du système d’allocations sociales en Afrique du Sud ou bien si ce sera seulement un amortisseur temporaire pendant que le pays se remet des conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.


On peut lire cet article en anglais ici

L’Assemblée de Corse vote un impôt négatif sur le revenu et un revenu de base théorique

L’Assemblée de Corse vote un impôt négatif sur le revenu et un revenu de base théorique

Par Marc de Basquiat, 1er Mai 2020

Traduction par Christine Cayré

On peut lire l’article par Marc de Basquiat ici.

Le 30 Avril 2020, les six groupes politiques se sont réunis en vidéo conférence pour délibérer sur un rapport très attendu.  Depuis 2017, un comité ad hoc a étudié les avantages potentiels d’un Revenu de Base en Corse. Ce rapport a été présenté par Jean-Guy Talamoni, président de l’Assemblée de Corse, qui s’est pleinement impliqué dans le travail de préparation.

Le mécanisme proposé par ce rapport est inspiré de la proposition de Tony Atkinson « Impôt forfaitaire et revenu de base » *. Depuis 2019 l’administration fiscale française est en mesure de connaître le revenu mensuel de pratiquement tous les individus. A partir de ces données, un impôt mensuel est calculé sur la base d’une formule personnalisée. Pour la majorité des 20 % des revenus les plus élevés, le calcul de l’impôt suit une règle stricte : 30% du revenu moins 498.52 euros par personne (par conséquent 498.52 pour une personne seule et 997.04 pour un couple).

En fait, le montant octroyé aux personnes les plus désavantagées par la société – le Revenu de Solidarité Active – est quasiment équivalent : 497.01 pour une personne seule, souvent complété par l’allocation logement et l’allocation familiale. La proposition portée par l’assemblée de Corse consiste en un impôt négatif mensuel sur le revenu qui vise à rapprocher le calcul de l’impôt sur le revenu avec les allocations versées aux pauvres.

Chaque mois, l’administration fiscale calculerait la différence entre un revenu de base théorique  de 500 euros pour chaque adulte et 30% du revenu perçu lors du mois précédent. Ainsi toutes les personnes dont le salaire est inférieur à 1 667 euros recevraient 500 euros, moins le montant de l’impôt, via un virement sur leur compte bancaire. Ceux percevant des revenus supérieurs verseraient leur impôt défalqué du montant de 500 euros.

L’étape suivante consiste à obtenir le soutien du Ministère des Finances français pour déployer l’expérimentation du calcul mensuel des impôts en Corse.

Depuis de nombreuses années, des millions de touristes se rendent en Corse pour ses paysages singuliers, ses plages et ses montagnes, sa culture et son histoire. L’île de Napoléon Bonaparte continuera c’est certain d’accueillir des visiteurs et pourra peut-être aussi s’enorgueillir prochainement d’être une pionnière en Europe pour l’expérimentation du premier authentique impôt négatif entièrement financé associé à un revenu de base théorique.

Lire dans son intégralité la présentation des conclusions des travaux de la commission ad hoc relative à l’étude de la faisabilité d’un revenu de base et à la possibilité d’en expérimenter la mise en œuvre en Corse.

* A.B. Atkinson, Public Economics in Action: The Basic Income/Flat Tax Proposal, Oxford: Clarendon Press, 1995

Marc de Basquiat préside l’Association Française pour l’Instauration d’un Revenu d’Existence (AIRE) et il est membre à vie du BIEN.


On peut lire cet article en anglais ici